Política de RRHH en la administración pública

Hoy publica la prensa escrita navarra, tanto el medio con sede de Huarte como el de con sede en Cordovilla, una noticia por la cual Nafarroa Bai critica le medida impulsada por el Equipo de Gobierno de Yolanda Barcina (UPN) de sustituir a tres coordinadores que accedieron al cargo por un concurso de méritos por dos subdirectores de area, que son cargos de libre designación. El Equipo de Gobierno alega motivos económicos y organizativos para justificar la supresión de estas plazas para crear dos nuevas subdirecciones. Como fondo, parece ser que eran conocidas las divergencias entre estos tres profesionales y los cargos políticos de UPN en el área, ya que incluso el concejal delegado Javier Lorente parece que llegó a acusar en un pleno a estas personas de "escribir artículos incendiarios, unirse a manifestaciones en las que se criticaba al equipo de gobierno e ir en listas electorales que no eran la suya propia", según denunció Isabel Aranburu, edil de NaBai.

Desde luego, la delicadeza de la información, y la tendencia subjetiva con la que se suelen exponer estas cuestiones, por todas las partes, exige no posicionarse sobre la cuestión sino se tiene más datos. A priori, y en mi opinión, cuando ejercí mi responsabilidad de Director de RRHH en una administración local (por cierto, también era un puesto de libre designación el mío), apostaba, en consonancia con el Equipo de Gobierno al que me debía, por tener los puestos de libre designación mínimos e imprescindibles (de hecho, redujimos de tres a dos, de un total de 120 trabajadores, es decir, el 1,66%), por convicción y contención, evitando así que se configurar una imagen distorsionada de la administración. No obstante, existen puesto de confianza directa, que exigen dirección política, que han de ser de libre designación para hacer compatible a su responsable con la dirección política que en cada momento surja y que es fruto, no olvidemos, de la soberanía popular.

Todas las areas de un Ayuntamiento dependen de una dirección política determianda y a ella se deben el conjunto de los trabajadores. No se trata de impedir, desde luego, la libertad de expresión, afiliación u opinión, faltaría más, pero en su ejercicio profesional no es admisible la crítica PUBLICA Y PERSONAL de las actuaciones de la que uno es también es reponsable profesionalmente por el simple hecho de no estar de acuerdo con las decisiones de los superiores inmediatos.

A partir de ahí, e igualmente, un equipo de gobierno no tiene porque dudar de la profesionalidad de los trabajadores en función de sus opiniones o posicionamientos políticos, tácitos o expresos. No solo por el hecho que es absolutamente inconstitucional, sino porque supondría una política de gestión y optimización de los recursos humanos mediocre que no mide en función de las capacidades sino de las afinidades.

Esa es la filosofía que, personalmente y a instancias del alcalde Josu Senosiáin, seguimos en Barañaín entre 2004-2007. Exigente la lealtad pero absolutamente respetuoso y valorativo de la pluralidad. Una política de crear climas de confianza, de creatividad y de amparo político de las actuaciones profesionales. Y creo que dio sus frutos.