Repasando los comentaristas dominicales de hoy, encontramos varias razones y argumentos a la sopresiva (y necesario) debate intruducido por el Presdiente del Gobierno en relación al areformas del sistemas de prestaciones sociales, cuya medida mas visual es la posibilidad d extender la edad de jubilación.Las razones de éste aparente "golpe de timón", sin embargo, es coherente con el guión adoptado por el gobierno central con medidas, en muchos casos compartidas por las principales potencias económicas y otras más específicas de España: Primero había que salvar el sistema financiero, que, aunque causante de la crisis, tenía que mantenerse en pie por razones obvias. Más tarde, era preciso amortiguar el golpe mediante soluciones keynesianas, inversiones públicas y estímulos fiscales que frenaran el descenso. A continuación, se imponía plantear las reformas estructurales que, mediante el incremento de la productividad, permitan orientar el cambio del patrón de crecimiento, es decir, la sustitución de una parte relevante de la actividad realizada por el sector de la construcción, que nunca volverá a ser lo que era tras el estallido de la burbuja, por otras actividades de mayor valor añadido: es la proyectada ley de economía sostenible. Finalmente, cuando la economía global ha comenzado su despegue –no así la española todavía porque hemos de resolver, además, nuestra singular crisis inmobiliaria–, no tenemos más remedio que afrontar el ajuste. Las políticas expansivas, que han frenado la caída, y el gasto social, que ha reducido el sacrificio de los menos favorecidos, han desequilibrado gravemente las cuentas públicas, por lo que se impone regresar a la estabilidad.
Éste último aspecto ha sido exlícitamente señalado por la opinión pública internacional y algunos de los más destacados economistas en los últimos días: el hecho de que España sea el principal pais de la Eurozona en no vaya a experimentar, según las previsiones, un crecimiento negativo en 2010 ha generado inquietudes y, en algunos casos, algunas alarmas que consideran que la situación de Grecia podría tener un efecto dominó en los paises del sur de Europa (los denominados de manera peyorativa "PIGS" en los ámbitos económicos anglosajones).
Se imponen medidas destinadas a la austeridad y recorte de la deuda pública: el Gobierno ha citado la apuesta por recortar 50.000 millones de euros en las cuentas públicas de todo el Esyado. Y cuando se dice todo el Estado, no se refiere exclusivamente a la administración central sino a la administración autonómica y local, en donde ha de impoerar la cantidad del ajuste en a proporción necesario a su peso específico en el gasto.
Mención aparte merece, y lo veremos en los próximos días en coherencia con lo anterior, afrontar otra serie de reformas estruturales que faciliten y consoliden el crecmiento y un nuevo modelo económico como es la reforma laboral, pero que merece otra reflexión a parte. De todos modos, coinciden varios analistas combinando o no reproches al Gobierno por los tiempos, que las medidas expresadas se muestran necesarias e imprescinibles y que éstas, opinión no compartida solo por la ensibilidad más socialdemócrata de los analistas (entre los que me incluyo), nos exigirá un sacrificio muy oneroso porque, aunque no afecte ni al gasto social ni a la educación ni al I+D+i (pilares de las reformas estructurales), el recorte del gasto público obligará a renuncias muy significativas del ritmo de desarrollo y a mermas del bienestar general.
Y todo ello, con la exigencia del mayor de los consensos y altura de miras, por pate de todos los gentes políticos, sociales y económicos, en el que en éste país nos sacudamos de una vez por todas el cortoplacismo y apostemos por un sólido consenso al modelo de muchos paises europeos que ejemplifique nuestra apuesta por un futuro prometedor.
