UMD: Un acto de justicia

Ayer, en el Ministerio de Defensa, tuvo un acto tan discreto como digno y justo. Pocas veces la palabra justicia se ha podido ejemplificar de manera más grafica: 14 miembros de la antigüa UMD, dos ellos todavía en activo, fueron condecorados por la Ministra de Defensa en recnocimiento a us contribución a la que la democracia fuera posible en España, en su caso, desde la milicia, que en aquellos tiempos de la postrimerías del franquismo era, seguramente, el lugar menos adecuado para hacer proselitismo demócrata. Pero lo hicieron, y así lo pagaron con su expulsión de la milicia en 1976.

Para aquellos que siempre hemos defendido el papel activo del ejército como parte activa de un Estado democrático, garante de los derechos fundamentales, s una honda satisfacción la iniciativa del Gobierno de España y, en especial, de la Ministra Carmen Chacón. Quizás estuviéramos ante el útlimo colectivo represaliado del franquismo que no había sido reparado.

Causa verdadera emoción que, tras más de 30 años expulsados del ejército, llos viejos soldados de la UMD mantienen los ademanes militares y escuchaban en posición de firmes el discurso de la Ministra, lo que muestra que era perfectamente compatible un sentimiento democrático conjugado con los valores castrenses.

En definitva, actos como éstos nos reconfortan con nuestra historia y nos hacen un poco más dignos como país.

Dosis de ideología para salir de la crisis

Una de las obligaciones en los últimos tiempos es la lectura de las publicaciones económicas, de una u otra sensibilidad para determinar las razones de unos y otros, para analizar las causas de la crisis así como de sus posibles soluciones.

En estos días, los dirigentes del PP argumentan, para oponerse a las cada vez más insistentes voces que puestan por pactos de estado entorno a reformas económicas, que ha sido el propio Zapatero el que, en diciembre, negaba dicha posibilidad por argumentos ideológicos. Nada mas lejos de la realidad. La necesidad del pacto entre los dos grandes partidos obedece a muchas razones: entre otras, que el esfuerzo no ha de ser exclusivo de la administración central, sino del conjunto de admisnitracones públicas, muchas de ellas gobernadas por el PP (y algunas de las cuales, ejemplos poco edificantes de lo que no hay que hacer, como el caso del brutal endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, en manos del centro-derecha desde hace 23 años).

Lo que sí es cierto, y creo que es ésto lo que quiso decir el Presidente Zapatero, es que el origen de la crisis, así como las solucionar los problemas generados por la misma, así como la realización de la reformas precisas para que no se vuelva a repetir, tiene una clara base ideológica. No es precisamente las ideas socialdemócratas, aquellas que apuestan por un equilibrio entre el libre mercado y el estado social y democrático, las que han causado esta situción. Aunque hay que achacar, como bien ha dicho recientemente Jordi Sevilla, que los socialdemócratas españoles no hemos reaccionado a tiempo, aun sabiendo, proponiendo reformas de un sistema económico, heredado del gobierno anterior, que bajo la máscara del progreso económico, escondía un profundo "lado oscuro" (perdida de competividad, deuda exterior, ultradependencia del sector inmobiliario,...) que, cual jedis renegados, ha acabado imponiéndose de manera brusca, profundizando, aun mas en el caso español, los problemas comunes al conjunto de las economías del mundo.

En las últimas semanas, además, hemos visto las incoherencia de los difusos "referentes económicos", de base anglosajona a este y el otro lado del Atlántico declara inspiración neoliberal, que viene marcando el rango de credibilidad que han de tener un Estado u otro. Tan pronto pasamos de hacer ver que España estaba ante la quiebra total como, de un día para otro, y tras, al parecer, una exitosa ronda de conversaciones de nuestros responsables económicos, sentenciar que España volvía a ser un pais serio. Preocupante que, como los programas de telebasura de sobremesa, no se contrasten las fuentes y las informaciones antes de emitirla y sean en las manos columnista con poco conocimiento "in situ" y bastente ego en donde residan las inspiraciones para la toma de decisiones. Los mismos medios que, durante muchos meses, han estado en total silencio, precisamente, porque se sabían autores intelctuales del desaguisado que nos ha llevado a esta situación.

Por ello, esprecio un poco de cordura y seriedad, y, sí...una base ideológica para salir de la crisis, sin posiciones esencialistas de los extremos, que nos lleve a solucionar los problemas y sentar las bases de un nuevo modelo socioeconómico de inspiración socialdemócrata.

Crisis, cuarto acto

Repasando los comentaristas dominicales de hoy, encontramos varias razones y argumentos a la sopresiva (y necesario) debate intruducido por el Presdiente del Gobierno en relación al areformas del sistemas de prestaciones sociales, cuya medida mas visual es la posibilidad d extender la edad de jubilación.

Las razones de éste aparente "golpe de timón", sin embargo, es coherente con el guión adoptado por el gobierno central con medidas, en muchos casos compartidas por las principales potencias económicas y otras más específicas de España: Primero había que salvar el sistema financiero, que, aunque causante de la crisis, tenía que mantenerse en pie por razones obvias. Más tarde, era preciso amortiguar el golpe mediante soluciones keynesianas, inversiones públicas y estímulos fiscales que frenaran el descenso. A continuación, se imponía plantear las reformas estructurales que, mediante el incremento de la productividad, permitan orientar el cambio del patrón de crecimiento, es decir, la sustitución de una parte relevante de la actividad realizada por el sector de la construcción, que nunca volverá a ser lo que era tras el estallido de la burbuja, por otras actividades de mayor valor añadido: es la proyectada ley de economía sostenible. Finalmente, cuando la economía global ha comenzado su despegue –no así la española todavía porque hemos de resolver, además, nuestra singular crisis inmobiliaria–, no tenemos más remedio que afrontar el ajuste. Las políticas expansivas, que han frenado la caída, y el gasto social, que ha reducido el sacrificio de los menos favorecidos, han desequilibrado gravemente las cuentas públicas, por lo que se impone regresar a la estabilidad.

Éste último aspecto ha sido exlícitamente señalado por la opinión pública internacional y algunos de los más destacados economistas en los últimos días: el hecho de que España sea el principal pais de la Eurozona en no vaya a experimentar, según las previsiones, un crecimiento negativo en 2010 ha generado inquietudes y, en algunos casos, algunas alarmas que consideran que la situación de Grecia podría tener un efecto dominó en los paises del sur de Europa (los denominados de manera peyorativa "PIGS" en los ámbitos económicos anglosajones).

Se imponen medidas destinadas a la austeridad y recorte de la deuda pública: el Gobierno ha citado la apuesta por recortar 50.000 millones de euros en las cuentas públicas de todo el Esyado. Y cuando se dice todo el Estado, no se refiere exclusivamente a la administración central sino a la administración autonómica y local, en donde ha de impoerar la cantidad del ajuste en a proporción necesario a su peso específico en el gasto.

Mención aparte merece, y lo veremos en los próximos días en coherencia con lo anterior, afrontar otra serie de reformas estruturales que faciliten y consoliden el crecmiento y un nuevo modelo económico como es la reforma laboral, pero que merece otra reflexión a parte. De todos modos, coinciden varios analistas combinando o no reproches al Gobierno por los tiempos, que las medidas expresadas se muestran necesarias e imprescinibles y que éstas, opinión no compartida solo por la ensibilidad más socialdemócrata de los analistas (entre los que me incluyo), nos exigirá un sacrificio muy oneroso porque, aunque no afecte ni al gasto social ni a la educación ni al I+D+i (pilares de las reformas estructurales), el recorte del gasto público obligará a renuncias muy significativas del ritmo de desarrollo y a mermas del bienestar general.

Y todo ello, con la exigencia del mayor de los consensos y altura de miras, por pate de todos los gentes políticos, sociales y económicos, en el que en éste país nos sacudamos de una vez por todas el cortoplacismo y apostemos por un sólido consenso al modelo de muchos paises europeos que ejemplifique nuestra apuesta por un futuro prometedor.

Código ético ciudadano (magnífico)

Con la licencia de Jordi Sevilla, reproduzco un comentario que se ha publicado en su blog, y que sería bueno que fuera leido por mi querida clase política, a la que defiendo a la vez que critico de manera constructiva. Me parece un auténtico código ético ciudadano. Muchas gracias Maria.

María dijo: 17 de Diciembre de 2009 - 16:35

Nunca tuve un cargo público, por eso no recibo cartas como Vd, Sr. Sevilla, o como el Sr Solana le atribuye. Por eso escribo una:

Hago mi trabajo de la mejor manera que puedo y sé, dedicandole más tiempo del que me pagan.

Procuro actuar de acuerdo con una etica personal que incluye respetar siempre a todas las personas y ayudar si puedo a mis conciudadanos. Excluye aprovechamiento, obtención de ventaja y otras lindezas en boga.

No espero que nadie, ni el Estado, resuelva mis problemas.

Ejerzo mi libertad junto con mi responsabilidad.

Jamás he dejado de pagar impuestos y me parece bien, siempre que se dediquen a mejoras colectivas(sanidad, educción atención a necesidades,.).

Gasto menos de lo que ingreso.

No me interesan las disputas ni personales ni partidarias.

Creo que hay un número muy importante de ciudadanos así, tal vez somos mayoria, formamos parte de una sociedad que no es triunfal ni arruinada. ¿Para cuando los análisis reales, sin cargar tintas para arrimar ascua a la sardina?.Puede que este sea parte del sector social de izquierdas que al abstenerse en elecciones facilita ascenso de la derecha.

Rajoy, a espaldas

En la edición de El Mundo del día de hoy podemos leer una entrevista con el Presidente del PP Mariano Rajoy. De primeras, el títular ("Cuando gobierne bajará el paro") y la foto que ilustra la misma (junto a una cola del INEM), tienen por un lado un tufillo populista y chavista a la vez. También una variante de falta de respeto ante las peronas que más sufren las consecuencias de éstas crisis (los parados) por el avalista de una ideología (la neoliberal) y un modelo de crecmiento económico impulsado por los gobiernos que formaba parte (el ladrillo) en donde se puede encontar muchas de las explicaciones de la crisis que vivimos, versión española, más allá de las críticas que se merecen los actuales gobernantes.

En la entrevista podemos "no-leer" intención alguna, medida alguna, idea alguna,...de cara a que podamos ver cuales son las recetas del conservadurismo español para afrontar la crisis. Rajoy se despacha, entre generalidades impropias de un responsable público, con un contundente y sonrojante (para la ciudadanía, no pará él, al parecer): “A mí no me corresponde en este momento como líder de la oposición hacer una propuesta concreta”.


Todo ello se puede unir a los datos publicados en la edición de hoy de El País, en el que ni el Presidente del Gobierno ni el aspirante a serlo, Sr. Rajoy, salen bien "parados" (...qué contrasentido) en cuanto a credibilidad. Es preocupante la posición de credibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero (y emrece una profunda reflexión), pero más si cabe lo es que la, en teoría, alternativa de gobierno personificada en el Sr. Rajoy: un 82% de la ciudadanía tiene "poca o ninguna confianza" en él, y como dato más concluyente, el 50% de los votantes del PP no confía en su líder.


La clave reside en lo que afirma El País en su crónica: la ciudadanía percibe que la clase política esta más preocupada en desgastar el contrario y que no suman esfuerzos para aportar soluciones consensudas. Dicha posición tiene un doble peligro: en primer lugar, impiden unir sinergias para sacar al país de la crisis y, en segundo lugar, genera una crítica de fondo hacia la acción política y un desdén hacia sus representantes en la que pueden pescar posiciones extremistas. El ejemplo contrario y afortunado lo tenemos en Navarra, donde un gobierno conservador y la principal formación política progresista han sido capaces de responder a la demanda ciudadana de trabajar en beneficio de los intereses generales.


Otra cosa es las medidas a aplicar: es otro debate, o muchos debates. Pero pongámonos a ellos, a debatir y a decidir en clave de resolución. De lo contrario, el problema se agravará para aquellos a los que el Sr. Rajoy, en la foro de arriba, da gráfica y politicamente la espalda.

Hace breves fechas, el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reclamó un compromiso a las administraciones públicas autonómicas y locales para reducir el déficit público en 20.000 millones de euros en los próximos años, recordando que la Administración central gestiona sólo un 21,5% del gasto público. El resto se reparte entre la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios.

Así, para cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE -que fija el techo del déficit en el 3% del PIB- resulta indispensable la colaboración de todas las Administraciones. Ocaña recordó que, según las previsiones del Gobierno, los números rojos del sector público ascenderán al 9,5% del PIB este año. Parte de este déficit, un 4% del PIB, se explicaría por las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno -como el fondo de empleo local- y por el incremento del gasto ligado a las prestaciones por desempleo. Un apuesta lógica y coherente en estos momentos, de un instrumento al servicio de las administraciones públicas (la inversión que genera deuda pública), precisamente en éstos momentos de parálisis del sector privado y en donde el sector público ha de hacer acto de presencia.

El resto, un 5,5%, corresponde a déficit estructural, es decir y estos es lo preocupante, al contrario que el anterior se mantendrá aunque la economía vuelva a crecer. Según se señala desde el propio Ministerio de Economía, de cara a paliar el mismo ya no hay margen para incrementar los tributos tras las modificaciones incluidas en los Presupuestos de 2010., por lo que han de introducirse medidas de optimización del gasto público.

El ajuste que ha de afectar a todas las Administraciones, y en concreto, se señala como medida imprescindible la necesidad de racionalizar los costes de personal (en 2008 el incremento de las remuneraciones salariales en el conjunto de Administraciones públicas, especialmente en las CC.AA. aumentó un 9,1%).

No se puede estar más de acuerdo con éstas propuestas. Todo ello no conlleva, necesariamente (aunque sí quizás a nivel parcial), un recorte de los recursos disponibles, sino un estudio profundo para la optimización de los mismos, es decir, dotarles de la máxima rentabilidad a las estructuras organizativas. En este sentido, el Gobierno de la Nación ya estudia eliminar organismos públicos de la Administración central, esperando que cunda el ejemplo a todos los niveles..

Como ha quedado dicho, los gastos de personal se han convertido para las CC.AA. en la principal partida de gasto y, según algunos, en el obstáculo principal para que las administraciones articulen medidas para activar la economía y el empleo privado. Pese a sus intentos, el Presidente Zapatero tuvo que retirar de la cumbre de los presidentes del pasado 14 de enero una propuesta, absolutamente coherente, en la que se instaba a las autonomías a asumir «una política de contención de gastos de personal a través de una oferta de empleo selectiva y de austeridad en el incremento de la masa salarial».

Las cifras no nos llevan al optimismo: los 17 gobiernos han presentado unos presupuestos para 2010 en donde uno de cada tres euros del gasto total regional previsto lo dedicará a pagar las nóminas de los 1,7 millones de empleados de que disponen, un 8,8% mas de empleados que hace apenas un año. En esta cuestión no se tiene vincular necesariamente a ideologías, las “responsabilidades” se reparten en la gestión de administraciones locales de todos los colores. Parece que es una cuestión propia y estructural de las administraciones públicas españolas, ya que en datos cuando se comparan las trayectorias del gasto público por nivel de administración pública en nuestro país con la de otros países, destaca la evolución de las administraciones autonómicas españolas que ha doblado su gasto público en menos de 8 años, mientras que en Alemania (con una organización del estado de carácter federal, similar al nuestro) apenas crecieron 10% y en el conjunto europeo ligeramente por encima del 30%.

Así, el gasto corriente no productivo (de personal, funcionamiento, pagos financieros y transferencias) superará el 79% de media nacional del presupuesto total de 2010 (De esta forma, de cada 100 euros de gasto, las autonomías tienen comprometidos casi 80). Por tanto, les queda muy poco margen, un 20%, para emplear dinero en generar actividad y empleo en el sector privado como demanda la situación económica. Cinco de las 17 autonomías tienen comprometidas partidas de operaciones no productivas por encima de la media nacional, a cuya cabeza esta, curiosamente, la supuesta referencia del modelo liberal: Madrid (87,4%). Le sigue otra comunidad gobernada por el PP (Murcia) con el 83,4%; y a continuación se sitúan País Vasco (PSOE - 82,8%), Cataluña (PSOE - 81,9%), y la Comunidad Valenciana (PP - 81,8%).
En Navarra, los Presupuestos para 2010 fruto del acuerdo entre Gobierno de Navarra y PSN-PSOE, han iniciado una apuesta sensible en ésta línea: unas cuentas públicas en un escenario de permanente estabilidad, sólida financiación, control del déficit público, y equilibrio durable a medio y largo plazo de forma que se garantice la fiabilidad de nuestra economía pública; todo ello sin constreñir los esfuerzos destinados a la inversión productiva, al gasto social y productivo, y a la defensa del Estado del bienestar.

Destaca que se recurre a la Deuda Pública de carácter productivo , es decir, la inversión pública en generar actividad económica, una inversión que se verá reducida en cuanto el sector socioeconómica recupere la senda del crecimiento, no siendo por lo tanto un déficit de carácter estructural. Y en esta línea, ante una posible recuperación de la actividad económica que conllevase una mejora en la recaudación fiscal, una apuesta también clara para que los nuevos recursos disponibles de dediquen a un mayor impulso público de la actividad económica productiva.

Unida a todo ello, igualmente se van dando pasos positivos en la dirección de la optimización de los recursos humanos públicos, como es el acuerdo en el que, con carácter general, ninguna de las sociedades públicas de las Administración Foral podrá incrementar el número de trabajadores que integren su plantilla en 2009.

Son unos primeros pasos a los que han de seguridad otros. Sería deseable que con el concursos de todos los agentes sociales implicados, de cara a introducir instrumentos de optimización del gasto de personal, flexibilizar las relaciones laborales, adaptar a la realidad del siglo XXI los procesos de selección (compatibles con los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia); promover la movilidad, el reciclaje y la formación del personal; apuesta estratégica por la motivación; retención del talento; y otras como ajustar las plantillas a la realidad presupuestaria de cada momento, o fijar, incluso, un máximo porcentual de gastos de personal. Pero esto daría para varios artículos y ámbitos de reflexión debate. Solo lo quiero dejar ahí.En definitiva, soy consciente de cierta impopularidad, no ya solo de tomar decisiones al respecto sino de incluso abrir el debate. Pero no es que sea un debate necesario: Es un debate imprescindible, si queremos estar a tiempo de gestionar el gasto público con criterios de optimización ya que, de lo contrario, en el caso que sigamos con la senda denunciada, mucho nos tememos que, a corto y medio plazo, nos veamos obligados a tomar medidas más traumáticas, en la línea histórica de la reconversión industrial de la siderurgia en los años 80 llevada a cabo de manera ejemplar y determinante por el Gobierno de Felipe González y debido precisamente a que, a los responsables públicos que le precedieron les falto o la capacidad o la voluntad de llevarla a cabo.

Un debate abierto

Son casi tres meses sin publicar nada en este espacio. No por falta de ideas o necesidad de compartirlas, sino porque en la via hay momentos para la expresión y otros para la reflexión: en mi ámbito más personal (desde luego) así como en el político y económico que nos rodea han ocurrido cosas y casos que merecían una opinión sinicera y, en ocasiones, una respuesta contundente, pero en la reflexión también esta un ejercicio de libertad y de responsabilidad.

Durante estos tres meses me he detenido a leer y estudiar todo aquello que llegaba a mis manos relativo al análisis y propuestas de solución de la crisis económica más gravosa e insolidaria: de todo ello, de autores de todas las tendencias y posicionamientos. Por cierto, éste es un ejercicio altamente recomendable para todo el mundo, especialmente, para la gente más joven: no os detengáis en vuestros medios o blogs de referencia ni os cerreís en dosgmas inflexibles, ampliar vuestra visión y leer opiniones que, a priori, consideréis alejadas de vuestra óptica, y seguro que encontráis aportaciones interesantes.

Lo dicho, en todos he encontrado, en mi opinión, buenos análisis y buenas respuetas, con las que ouedo coincidir o discepar. Participo, a grandes rasgos, de la estrategia seguida por las Instituciones de España y Navarra para a salida de la crisis: papel activo de las administraciones públicas en la inversión en infraestructurasy economía productiva para reactivar el consumo y la actividad, uso del instrumento de la deuda pública con criterios de racionalidad y sostenimiento de las políticas de cohesión social diridos, especialmente, a los colectivos más desfavorecidos por ésta situación. No tengo tan claro, sin embargo, el acierto de algunas inciativas como la subida de impuestos o la inacción en una reflxión que conlleve una reforma del mercado laboral. en esto último, por mi activisad profesional, ha ido encaminado mi preocupación, sobre todo por las experiencias directas que me transmiten muchos trabajadores.

España es una pais al que le cuesta horrores crear empleo y, cuando és te se pierde, grandes sectores de la sociedad se ven largas temporadas en el desempleo con lo que ello supone, primero, para la propia realziación y autoestima del desempleado, para su aportación al sostenimiento del entorno familiar o vital que le rodee, y, de forma secundaria aunqye también relevante, por los costes a largo plazo de las prestaciones sociales necesarias y legítimas. Por todo ello, o caminamos a un modelo donde una vez coseguido un empleo su périda sea improbable o, existiendo situaciones de perdida, la recuperación de empleo sea rápida y eficaz. El primer modelo se antoja imposible en el mundo actual, y en el segundo modelo hay experiencias interesantes que, salvando las distancias y las realidades, es preciso al menos estudiar.

Dentros de las opciones, en mi opinión, mas interesantes y atrayentes esta la denominada "flexiseguridad", concepto, según un artículo de Mario Naranjo, experto en RRHH y jefe de personal del Hospital de Gijón, que nació en la década de los ochenta en Dinamarca y exportado a los países escandinavos a través de la socialdemocracia, alude a una nueva fórmula de concebir las relaciones entre trabajadores y empresarios basada en una mayor flexibilidad en los contratos y más empleabilidad: ello, conlleva necesariamente incrementar el nivel de formación y de incentivos por parte del Estado para permitir cambiar de empleo sin sobresaltos.

Naranjo seeñala que no es flexibilidad para la empresa y seguridad para el trabajador, como se suele explicar ya que ambos necesitan flexibilidad y seguridad. El empresario necesita flexibilidad para ser más competitivo y variar su plantilla en función de su producción, y la seguridad de un marco político y legal estable. Pero es que igualmente, el trabajador no sólo pide seguridad sino también flexibilidad porque tiene hijos y otras cosas que hacer además de trabajar. Flexiseguridad por el contrario, no es alargar la jornada laboral hasta 65 horas de la discutible directiva aprobada por el Consejo Europeo de Ministros de Trabajo el pasado junio. No es encadenar contratos temporales o a plazo fijo. No es importar el modelo norteamericano de capitalismo de contratar y quemar, que está resistiendo muy mal la actual crisis. Por el contrario, flexiseguridad es afianzar un modelo europeo de economía social de mercado, en el que la cohesión social tiene que ir de la mano de la competitividad.

La flexiseguridad es una estrategia fundamental para la adaptación del mercado de trabajo y las empresas privadas a las condiciones cambiantes que impone la globalización. Esto significa organizaciones menos jerárquicas y promoción de fórmulas de contratación y acuerdos laborales personalizados en vez de diseños anticuados de talla única: flexibilidad en la estructuración del tiempo y el calendario de trabajo, tareas por objetivos (cultura de eficiencia frente a la de presencia); fomento de la carrera profesional y la formación a lo largo de la vida, conciliación de la vida personal y laboral e incentivos al teletrabajo; así como políticas activas de empleo en favor de inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y trabajadores de más edad (que al vivir más tiempo pueden trabajar más años, no menos).

En fin, un debate abierto y neceario, con ideas a nuevas e innovadopres que superan esquemas rígidos, en mi opinión, inválidos pare el tiempo actual y futuro.